Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y CLPI en los informes del TNFD

Situación técnica. El Requisito General 6 del TNFD y la sección C de Gobernanza abordan la participación y las consideraciones relativas a los derechos humanos. La orientación adicional del TNFD sobre participación respalda la aplicación de esas divulgaciones y del enfoque LEAP; las Recomendaciones describen la orientación adicional como sugerida y no obligatoria. La orientación remite a las organizaciones a marcos internacionales de derechos, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Limitación. Este artículo tiene fines educativos y no constituye asesoramiento jurídico ni sobre derechos humanos. La identificación de Pueblos Indígenas, la aplicabilidad del CLPI, la confidencialidad, el patrimonio cultural, los derechos sobre la tierra, la reparación y la distribución de beneficios requieren una evaluación específica del contexto y, cuando corresponda, conocimientos especializados independientes cualificados.

Las decisiones relacionadas con la naturaleza pueden afectar a la tierra, el agua, los sistemas alimentarios, los medios de vida, el patrimonio cultural, los lugares sagrados, la salud de la comunidad y el acceso a los servicios ecosistémicos. Los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales también pueden poseer conocimientos esenciales para comprender el estado ecológico, los cambios estacionales, los impactos acumulativos y la eficacia de las medidas propuestas.

Tratar la participación como una tarea de divulgación al final del ciclo de información genera varios riesgos:

pueden pasarse por alto impactos y dependencias materiales;

la organización puede no comprender los derechos o los usos consuetudinarios;

el análisis de las ubicaciones prioritarias puede quedar técnicamente incompleto;

las alternativas pueden considerarse demasiado tarde;

los conocimientos comunitarios pueden extraerse o divulgarse sin permiso;

las reclamaciones pueden revelar fallos que el informe ignora; y

el lenguaje de la consulta puede presentarse de forma engañosa como consentimiento.

Un proceso creíble comienza durante la delimitación del alcance y continúa a través de la evaluación, las alternativas, las decisiones, la implementación, el seguimiento y la reparación.

Las partes interesadas son personas u organizaciones que pueden afectar a una decisión o verse afectadas por ella. Los titulares de derechos poseen derechos reconocidos que generan los deberes o responsabilidades correspondientes. Los Pueblos Indígenas pueden ostentar derechos colectivos relacionados con la libre determinación, las tierras, los territorios, los recursos, la cultura, la toma de decisiones y el consentimiento. Las Comunidades Locales pueden tener derechos de uso consuetudinario, tenencia, medios de vida y participación conforme a marcos nacionales o internacionales.

La consecuencia práctica es que una organización no debería basarse únicamente en una matriz genérica de partes interesadas basada en la influencia y el interés. El proceso debería preguntar:

quién ostenta derechos en la ubicación pertinente o en sus alrededores;

cómo se reconocen esos derechos en la legislación, las costumbres o las normas aplicables;

qué instituciones representativas son legítimas;

quién puede verse afectado de manera diferente dentro de la comunidad;

si la actividad podría afectar a la tierra, los recursos, el patrimonio cultural o los conocimientos;

qué normas de participación y consentimiento son aplicables; y

qué reparación está disponible si se producen impactos adversos.

La sección C de Gobernanza del TNFD pide a una organización que describa sus políticas de derechos humanos y sus actividades de participación, así como la supervisión por parte del consejo y la dirección, con respecto a los Pueblos Indígenas, las Comunidades Locales, las partes interesadas afectadas y otras partes interesadas en la evaluación y la respuesta a los DIRO relacionados con la naturaleza.

La orientación del TNFD sobre participación indica que la divulgación debería abarcar cuestiones como:

compromisos y políticas relativos a la conducta empresarial responsable y los derechos humanos;

procesos para supervisar, gestionar y reparar los impactos adversos sobre los derechos humanos;

los Pueblos Indígenas, las Comunidades Locales y las partes interesadas afectadas que participaron, cómo fueron identificados y cómo se acordó la descripción;

el propósito, el momento y los métodos de participación;

cómo se abordan los procesos de CLPI y distribución de beneficios cuando sea pertinente;

los resultados de la participación y cómo influyen en la materialidad, las decisiones y las respuestas; y

si se informa a la alta dirección y al consejo, y de qué manera.

La organización debería informar lo suficiente para explicar el proceso y la influencia en las decisiones sin exponer información confidencial, conocimientos culturalmente sensibles ni datos personales.

La participación significativa es un proceso continuo y bidireccional diseñado en torno a las personas afectadas. No se demuestra simplemente por el número de reuniones celebradas. El diseño debería ser adecuado al idioma, la cultura, las estructuras de toma de decisiones, la accesibilidad, la geografía y el riesgo.

Entre las características fundamentales se incluyen:

momento temprano: antes de cerrar las alternativas materiales;

propósito claro: se explicita si se trata de evaluación, decisión, seguimiento, reparación o distribución de beneficios;

representación adecuada: participan los órganos representativos y miembros diversos de la comunidad;

información suficiente: los posibles efectos positivos y negativos, la incertidumbre y las alternativas se explican de forma accesible;

tiempo suficiente: se respetan los procesos comunitarios de toma de decisiones;

ausencia de coacción: la participación no se manipula mediante presión, represalias o beneficios condicionados;

influencia bidireccional: la organización registra cómo las opiniones modificaron la evaluación o la decisión;

continuidad: la participación continúa durante la implementación y el seguimiento; y

reparación: las preocupaciones y los impactos adversos pueden plantearse y abordarse.

El proceso puede requerir facilitadores independientes, traductores, métodos sensibles a las cuestiones de género, reuniones separadas para distintos grupos, apoyo para los desplazamientos o asesores seleccionados por la comunidad. La organización no debería suponer que una única reunión pública llega a todas las personas afectadas.

Figura 1. Los informes del TNFD deberían distinguir la participación general de las obligaciones de CLPI específicas del contexto y conservar evidencia del proceso, los derechos y la influencia en las decisiones.

El consentimiento libre, previo e informado es un proceso basado en los derechos, asociado especialmente a las decisiones que afectan a los Pueblos Indígenas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se refiere al CLPI en varios contextos, incluidos el reasentamiento, las medidas legislativas o administrativas y los proyectos que afectan a tierras, territorios y recursos. La legislación nacional y otras normas pueden definir factores desencadenantes adicionales.

La Norma de Desempeño 7 de la IFC es un ejemplo de norma de financiación de proyectos con circunstancias especificadas que exigen CLPI, incluidos ciertos impactos sobre tierras y recursos de propiedad tradicional o utilizados consuetudinariamente, el reasentamiento, el patrimonio cultural crítico y el uso comercial del patrimonio cultural o los conocimientos. Otros prestamistas, sistemas de certificación o compromisos de las empresas pueden aplicar pruebas diferentes.

La información del TNFD no crea una obligación universal de CLPI. Por tanto, un enfoque defendible es:

identificar a los Pueblos Indígenas y los derechos potencialmente afectados;

determinar la base jurídica, financiera, normativa y de las normas;

evaluar si existe un factor desencadenante del CLPI;

acordar el proceso con las instituciones representativas y las comunidades afectadas;

proporcionar información de forma temprana y culturalmente adecuada;

conceder tiempo para la toma de decisiones de la comunidad;

documentar el proceso acordado y la evidencia del acuerdo u otro resultado;

evitar tratar la ausencia de objeciones como consentimiento; y

divulgar la base y las limitaciones sin exponer información protegida.

El CLPI no es simplemente una reunión adicional de consulta ni una hoja de asistencia firmada. Tampoco significa necesariamente que todas las personas estén de acuerdo. El proceso y la evidencia dependen del marco aplicable y del contexto de la comunidad.

Los conocimientos locales y tradicionales pueden mejorar la comprensión de las especies, los patrones estacionales del agua, los servicios ecosistémicos, los impactos acumulativos, los lugares sagrados, los usos consuetudinarios y los cambios históricos. No deberían tratarse como datos gratuitos.

La organización debería establecer:

quién tiene autoridad para compartir los conocimientos;

el propósito y el uso permitido;

si la información puede registrarse, cartografiarse o publicarse;

las consideraciones relativas a la propiedad intelectual y la distribución de beneficios;

los controles de acceso y la conservación;

cómo se representan la incertidumbre o los distintos sistemas de conocimiento; y

cómo influyen los conocimientos en las decisiones.

Puede ser necesario generalizar u omitir de los informes públicos las ubicaciones sensibles. La divulgación puede explicar que la información protegida sirvió de base para la evaluación sin revelar coordenadas ni detalles que pudieran causar daño.

Un informe público de TNFD no debería identificar a los reclamantes, revelar información sagrada o culturalmente sensible, exponer a personas vulnerables, publicar información controvertida sobre tierras como un hecho establecido ni divulgar conocimientos comunitarios sin permiso.

Un protocolo de confidencialidad útil separa:

divulgación pública;

información para el consejo y la dirección;

evidencia técnica restringida;

material protegido por el secreto profesional;

datos personales; e

información bajo control comunitario.

El informe debería ser equilibrado. La confidencialidad no es una razón para omitir la existencia de una controversia, una queja o una limitación material. Es una razón para describir la cuestión con un nivel adecuado y explicar la restricción.

Un mecanismo de reclamación no es evidencia de que la participación sea eficaz. Es un canal para plantear preocupaciones y obtener reparación. La organización debería evaluar si es legítimo, accesible, predecible, equitativo, transparente, compatible con los derechos, una fuente de aprendizaje y está basado en la participación y el diálogo.

La evidencia sobre reclamaciones relacionadas con la naturaleza puede revelar:

pérdida de acceso a tierras, agua o recursos;

contaminación o preocupaciones sanitarias;

impactos en el patrimonio cultural;

alteración de los medios de vida;

represalias o exclusión de la participación;

incumplimiento de medidas de mitigación o restauración;

controversias sobre la distribución de beneficios; o

desacuerdo sobre los datos de seguimiento.

El proceso de información debería conectar las reclamaciones con el registro DIRO, las decisiones de materialidad, la gestión de riesgos, las medidas de mitigación, los objetivos y la elevación de asuntos al consejo. La reparación puede incluir el cese, la restauración, la compensación, una disculpa, la rehabilitación, cambios en los procesos u otras medidas acordadas. La organización no debería afirmar que se ha proporcionado una reparación simplemente porque una reclamación se cerró administrativamente.

Figura 2. La evidencia sobre derechos, conocimientos, participación, reclamaciones y reparación debería alimentar LEAP, la materialidad, las medidas de gestión y la gobernanza, en lugar de permanecer en un archivo de comunicaciones separado.

Localizar

Utilice información sobre derechos, usos consuetudinarios y comunidades al cartografiar las actividades de la organización y las ubicaciones sensibles. Evite depender únicamente de bases de datos de áreas protegidas o de títulos formales de tierras.

Evaluar

La participación puede identificar dependencias e impactos que los datos operativos no detectan, incluidos los servicios ecosistémicos culturales, el acceso, la presión acumulada y los efectos diferenciados.

Valorar

La evidencia sobre derechos y partes interesadas debería informar sobre la gravedad, la probabilidad, la transmisión de riesgos, el diseño de oportunidades y la priorización. La participación no sustituye la evaluación ecológica o financiera profesional; fortalece la base de evidencia.

Preparar

Las medidas de gestión, los objetivos y las divulgaciones deberían mostrar cómo la participación modificó las decisiones, qué permanece sin resolver y cómo continúan el seguimiento y la reparación.

En los cuatro pilares de divulgación:

Gobernanza: políticas, funciones, supervisión, flujos de información y resultados de la participación;

Estrategia: efectos en el modelo de negocio, la cadena de valor, los planes de transición, las ubicaciones prioritarias y la resiliencia;

Gestión de riesgos e impactos: identificación, evaluación, mitigación, reclamaciones y reparación; y

Métricas y objetivos: cobertura de la participación, ejecución de medidas, resultados de las reclamaciones e indicadores pertinentes relacionados con la naturaleza.

Cartografiar las actividades y las ubicaciones. Incluir las operaciones directas, las cadenas de valor y los posibles impactos acumulados.

Identificar a los titulares de derechos y los grupos afectados. Utilizar métodos competentes y sensibles al contexto, y verificar la representación.

Determinar la base de derechos y normas. Registrar la legislación, la tenencia consuetudinaria, las normas de los prestamistas, los compromisos de la organización y los factores desencadenantes de FPIC.

Acordar el diseño de la participación. Definir el propósito, el momento, los métodos, el idioma, los recursos y las salvaguardias.

Proteger los conocimientos y la confidencialidad. Acordar el uso, el acceso, la publicación y la conservación antes de recopilar información sensible.

Realizar la participación de forma temprana. Presentar las alternativas, los impactos, la incertidumbre y la mitigación propuesta antes de que se fijen las decisiones.

Registrar la influencia en las decisiones. Rastrear las preocupaciones y los conocimientos hasta la evaluación, las alternativas, las medidas, los objetivos y las aprobaciones.

Mantener canales de reclamación y reparación. Hacer seguimiento de la accesibilidad, los resultados, la recurrencia y las medidas correctivas.

Informar de forma proporcional y segura. Explicar el proceso, la cobertura, los resultados, las limitaciones y la gobernanza sin causar daño.

Continuar el seguimiento. La participación es una relación y un proceso de gestión, no un evento del informe anual.

Una empresa tecnológica identifica que un mineral utilizado en baterías se obtiene a través de intermediarios de varias regiones. Su plan inicial de TNFD se basa en cuestionarios a proveedores y en el estado de la certificación. La información de la sociedad civil indica posibles impactos sobre el agua, el uso consuetudinario de la tierra y los sitios culturales en una zona de abastecimiento.

La empresa no afirma haber consultado directamente a las comunidades afectadas. Cartografía la cadena de suministro, encarga una evaluación independiente de derechos y medio ambiente, trabaja con proveedores y expertos locales para identificar representantes legítimos, y define cómo pueden compartirse de forma segura la información y las reclamaciones. La empresa modifica los requisitos para los proveedores, financia el trabajo de trazabilidad y reparación, y establece una regla de decisión para la continuidad del abastecimiento.

Su divulgación explica la limitación de la visibilidad a nivel de intermediario, el proceso de participación y cómo los hallazgos modificaron las decisiones de contratación. No describe la certificación como prueba de consentimiento o de ausencia de impacto. Este es un escenario ilustrativo.

Débil: “Consultamos a las partes interesadas locales.” Más sólida: Identificar los grupos y los derechos considerados, el propósito, el momento, los métodos y la influencia en las decisiones.

Débil: “Se obtuvo FPIC.” Más sólida: Indicar la base aplicable, el proceso acordado, las instituciones representativas, la evidencia y las limitaciones.

Débil: “Los conocimientos tradicionales informaron nuestra evaluación.” Más sólida: Explicar el permiso, el uso, la protección, la distribución de beneficios cuando sea pertinente y cómo afectó a la decisión.

Débil: “No se recibieron reclamaciones significativas.” Más sólida: Describir la accesibilidad, la cobertura, los temas, los resultados, la reparación y las limitaciones conocidas.

Débil: “La información sensible es confidencial.” Más sólida: Explicar la naturaleza de la limitación y la gobernanza sin publicar detalles protegidos.

Llamar parte interesada a cada participante. Identificar por separado a los titulares de derechos y la base de derechos.

Participar solo después del proyecto o de la decisión de abastecimiento. Integrar la participación en la definición del alcance y las alternativas.

Tratar la consulta como consentimiento. Aplicar la prueba correcta de FPIC y documentar la evidencia del proceso acordado cuando sea pertinente.

Utilizar el número de asistentes como prueba de calidad. Evaluar la representación, la información, el tiempo, la influencia y la seguridad.

Recopilar conocimientos locales sin acordar su uso. Establecer controles sobre la autoridad, el consentimiento, el acceso y la distribución de beneficios.

Publicar mapas o información cultural sensible. Aplicar las restricciones de confidencialidad y acceso acordadas con la comunidad.

Informar sobre un mecanismo de reclamación sin resultados. Mostrar la accesibilidad, los temas, la reparación, la recurrencia y el aprendizaje.

Utilizar la participación para sustituir la evaluación de impactos. Combinar la evidencia de los titulares de derechos con el análisis ecológico, operativo y financiero.

Suponer que la certificación del proveedor cubre FPIC. Verificar el alcance, los hechos, las normas y la evidencia.

Describir un conflicto no resuelto como un éxito de la participación. Informar honestamente sobre el desacuerdo, las limitaciones y los próximos pasos.

Recomendaciones del TNFD v1.0

Orientaciones del TNFD sobre la participación de los Pueblos Indígenas, las Comunidades Locales y las partes interesadas afectadas

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos

Norma de Desempeño 7 de la IFC - Pueblos Indígenas

Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable

Revise este artículo si TNFD revisa Governance C, General Requirement 6 o la guía sobre participación; una jurisdicción o un prestamista cambia los requisitos aplicables a los Pueblos Indígenas o a FPIC; o las normas internacionales sobre derechos y diligencia debida cambian sustancialmente.