El futuro de la CSRD en cuestión: por qué las mayores economías de la UE no pueden ponerse de acuerdo
El choque en curso entre los gigantes económicos de Europa sobre la CSRD es más que un debate: es un momento definitorio para el futuro de la UE. ¿Puede el bloque realmente liderar el camino en sostenibilidad sin poner en peligro su competitividad? Mientras España e Italia defienden normas verdes más estrictas, Alemania y Francia abogan por un respiro, lo que eleva la importancia de la cuestión al máximo. La UE se encuentra en una encrucijada, donde el equilibrio que logre no sólo determinará su trayectoria económica sino que podría redefinir su papel como líder global en negocios sostenibles. Los próximos pasos serán cruciales: ¿innovará la UE o fallará?
En febrero de 2025, las mayores economías de la Unión Europea — España, Italia, Alemania y Francia — mostraron diferencias significativas de opinión respecto a la implementación de la Directiva de Reporte sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD). Esta directiva, adoptada en diciembre de 2022, tiene como objetivo fortalecer los requisitos para la divulgación de los impactos de las empresas en el medio ambiente y la sociedad. Sin embargo, los enfoques para su implementación varían considerablemente entre los principales países de la UE.
Iniciativa de la Comisión Europea
La Comisión Europea planea presentar la próxima semana una iniciativa dirigida a simplificar los estándares ambientales para las empresas, con el objetivo de mejorar la competitividad de la industria europea. Esta propuesta se considera una respuesta a la promesa del presidente de EE.UU., Donald Trump, de revocar estándares similares.
Como parte de esta iniciativa, se revisarán varias políticas clave, incluyendo la Directiva de Reporte sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD), la Directiva de Diligencia Debida y el sistema de Taxonomía de la UE para clasificar las inversiones climáticamente responsables.
Posición de España e Italia
España se opone a la flexibilización de los estándares ambientales y urge a la Comisión Europea a mantener estrictos requisitos de reporte corporativo. En una carta firmada por la Ministra de Medio Ambiente, Sara Aagesen, y el Ministro de Economía, Carlos Cuervo, se enfatiza que la Ley de Diligencia Debida, que exigirá a las empresas evaluar riesgos en las cadenas de suministro desde 2027, refuerza los valores de la UE y debe permanecer sin cambios. No obstante, España apoya postergar la aplicación de las normas de reporte para las pequeñas y medianas empresas pero insiste en que se apliquen de forma universal en el futuro.
Italia, representada por el Ministro de Finanzas Giancarlo Giorgetti, también discrepa con un aplazamiento generalizado de la CSRD para las grandes empresas, que deben comenzar a reportar este año. Sin embargo, Italia propone extender los plazos y simplificar los requisitos para las pequeñas empresas, que deben cumplir con la directiva desde 2026, y está considerando un retraso para la Ley de Diligencia Debida.
Posición de Alemania y Francia
En contraste, Alemania y Francia abogan por cambios significativos en los estándares ambientales de la UE. En diciembre, Alemania propuso un aplazamiento de dos años para la implementación de la CSRD, citando preocupaciones sobre su posible impacto en 13,000 empresas alemanas. Francia, a su vez, solicitó en enero un aplazamiento indefinido de los requisitos de Diligencia Debida y un retraso de dos años para la CSRD.
Perspectiva estratégica
Los desacuerdos entre España, Italia, Alemania y Francia subrayan el desafío de la UE para equilibrar las ambiciones de sostenibilidad con las realidades económicas. España e Italia priorizan regulaciones ambientales rigurosas para preservar el liderazgo global de la UE en sostenibilidad. Argumentan que estándares consistentes para todas las empresas fomentarán la innovación a largo plazo en tecnologías verdes.
Alemania y Francia, por otro lado, enfatizan la necesidad de un enfoque más flexible y gradual que permita a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, adaptarse sin comprometer su competitividad.
La UE debe navegar esta división elaborando una solución que equilibre objetivos ambientales estrictos con flexibilidad económica. Esto puede implicar apoyo dirigido a las empresas en transición, especialmente aquellas en sectores de alto riesgo. Al hacerlo, la UE puede mantener su rol como líder en regulación sostenible, fomentando la innovación y salvaguardando la resiliencia económica.
