Alemania derogará la Ley de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro en favor de la legislación de la UE
Alemania está a punto de revisar su enfoque nacional en materia de debida diligencia en la cadena de suministro. Los planes recientemente anunciados para derogar la LkSG indican un cambio hacia la alineación regulatoria con los marcos a nivel de la UE, con implicaciones para futuras obligaciones corporativas en sostenibilidad y prácticas de reporte.
Como parte de su Programa Inmediato para la Reducción de la Burocracia, el nuevo gobierno de coalición de Alemania ha anunciado planes para derogar la Ley nacional de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro (LkSG). El anuncio se incluyó en el acuerdo de coalición publicado el 9 de abril.
Disposiciones del Acuerdo de Coalición respecto a la LkSG
La abolición de la LkSG fue confirmada en el acuerdo de coalición entre la CDU, CSU y el SPD. El acuerdo establece que la LkSG será derogada y reemplazada por una nueva ley sobre responsabilidad corporativa internacional, destinada a implementar la Directiva Europea sobre Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) de manera que sea “menos burocrática y más amigable para la aplicación”. Las obligaciones de reporte bajo la LkSG se suspenderán inmediatamente y dejarán de aplicarse.
Hasta que la nueva legislación entre en vigor, las obligaciones de debida diligencia de la LkSG no serán sancionadas, excepto en casos que involucren violaciones graves de derechos humanos. Además, la coalición expresó su apoyo a la iniciativa Omnibus de la Comisión Europea, que busca reducir y retrasar los requisitos de informes de sostenibilidad de la UE, particularmente para las pymes.
Antecedentes: La Ley Alemana de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro (LkSG)
La Ley Alemana de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz o LkSG) entró en vigor el 1 de enero de 2023. Inicialmente aplicable a empresas con más de 3,000 empleados, su alcance se amplió a las que cuentan con más de 1,000 empleados a partir del 1 de enero de 2024. Sin embargo, indirectamente afectó a negocios más pequeños implicados en las cadenas de suministro de empresas alemanas sujetas a la norma.
La ley estableció obligaciones obligatorias para las empresas con sede o que operan en Alemania para respetar los estándares de derechos humanos y ambientales en sus cadenas de suministro globales. Requirió que las empresas establecieran procedimientos de debida diligencia, realizaran evaluaciones regulares de riesgos y adoptaran medidas preventivas para mitigar impactos adversos sobre las personas y el medio ambiente.
La LkSG hizo referencia explícita a convenios internacionales, incluyendo aquellos sobre trabajo forzoso y derechos de los pueblos indígenas. Su objetivo era prevenir violaciones de derechos humanos y daños ambientales mediante la incorporación de medidas proactivas de identificación y mitigación de riesgos en la gobernanza corporativa de la cadena de suministro.
Contexto: Desarrollos a nivel de la UE – CSDDD y el Paquete Omnibus
En mayo de 2024, el Parlamento Europeo adoptó la Directiva sobre Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), que establece obligaciones obligatorias para grandes empresas de la UE y no pertenecientes a la UE para identificar, prevenir y mitigar impactos adversos en derechos humanos y medioambientales a lo largo de sus operaciones, filiales y cadenas de valor.
Más recientemente, en abril de 2025, el Parlamento Europeo votó para extender el plazo de transposición de la CSDDD. Según el cronograma revisado, los estados miembros de la UE ahora disponen hasta el 26 de julio de 2027 para incorporar la directiva en la legislación nacional, con retrasos correspondientes en su aplicación. Estos ajustes forman parte del paquete de simplificación Omnibus, orientado a aliviar las cargas de cumplimiento y proporcionar a las pymes y empresas vías de implementación escalonada.
Conclusión
La decisión de Alemania de reemplazar la LkSG con una nueva ley alineada con la CSDDD refleja un esfuerzo por optimizar la implementación y reducir la carga administrativa, manteniéndose dentro del marco regulatorio más amplio de la UE. Aunque el acuerdo de coalición aún está pendiente de la aprobación formal por parte de los órganos directivos de los partidos, se espera que esto ocurra antes de finales de abril. Más que señalar una retirada de los compromisos de debida diligencia, el movimiento representa un cambio hacia la armonización de la legislación nacional con los requisitos en evolución a nivel de la UE.
